Inició su trayectoria profesional como ingeniero industrial. Después de una experiencia profesional en Médicos Sin Fronteras decidió vincularse profesionalmente al sector no lucrativo. Su pasión es innovar, desde la centralidad de la persona, para adaptarse a la realidad social con compromiso y justicia.
Daniel Ibarz | Director de la Fundació Bayt al-Thaqafa, entidad de las Franciscanas Misioneras de María y San Juan de Dios.
¿En qué ha quedado la movilización ciudadana del 18 de febrero de 2017? Y el gran concierto para las personas refugiadas en el Palau Sant Jordi? Miles de personas salimos a la calle para reclamar que queríamos que Cataluña fuera realmente una tierra que acoge los que huyen de su casa y todo ello ha quedado en poca cosa. Pero recordemos, los días van pasando y las personas siguen huyendo de su casa y siguen teniendo derecho a huir.
Estoy decepcionado, sí, y creo que hay que nos enfrentamos a cinco preguntas:
¿Los «refugiados» están llegando?
El Estado español tenía un compromiso con la Unión Europea para realojar 17.337 personas de los campos de refugiados de Grecia e Italia antes del 26 de septiembre del 2017. Este compromiso, como es sabido, se está incumpliendo de forma flagrante. Además, en España se concede el estatuto de refugiado sólo el 3,4% de los solicitantes de asilo, es decir a 355 personas durante el 2016. Por lo tanto, es más apropiado hablar de solicitudes de protección internacional. Y sí, llegan cada vez más personas que piden protección internacional. Mientras en 2014 se tramitaron 5.947 solicitudes de protección en España, en 2015 casi se triplicó la cifra que llegó hasta 14.881 solicitantes, en 2016 fueron 15.755 y este 2017 se ha vuelto a duplicar hasta ser más de 30.000 las que han llegado por su propio pie a territorio español pidiendo protección.
¿Acogemos estas personas?
Las personas solicitantes de protección internacional tienen derecho a beneficiarse de un programa de acogida y apoyo que gestiona la Dirección General de Migraciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Un programa que acompaña económicamente y socialmente a las familias durante 18 meses divididos en diferentes fases.
Deberíamos acogerlas desde una visión más integral, más flexible a las necesidades de cada persona o familia, con un programa menos rígido y evitando incongruencias
Pero es un programa realmente acogedor? No te permite elegir destino, implica que tienes que estar dispuesto a ir a cualquier lugar del territorio español, aunque en alguna ciudad en concreto tengas familiares o conocidos. Te garantiza un recurso residencial durante 6 meses, pero luego deberás abandonar sea cual sea tu situación. No importa si eres una persona licenciada en ingeniería que habla castellano, como si eres una persona sola con carga familiar, sin estudios y problemas psicológicos. Durante los primeros 6 meses no te permite trabajar, y por tanto, pase esta primera fase, deberás buscar tu alojamiento sin poder aportar nóminas. Buscar piso sin nómina, únicamente con el justificante de solicitante de protección internacional? Misión casi imposible!
Por lo tanto, la conclusión es que acogemos, pero que deberíamos acogerlas desde una visión más integral, más flexible a las necesidades de cada persona o familia, con un programa menos rígido y evitando incongruencias, como el hecho de que las personas tengan que buscar y pagar una vivienda en el mismo momento que obtienen el permiso para trabajar.
¿Concedemos la protección internacional a las personas que lo piden?
Analizando las solicitudes pendientes de resolución y el porcentaje histórico de resoluciones favorables o desfavorables para cada país, del Informe de CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado) ‘Las personas refugiadas en España y en Europa 2016’, no hay lugar para el optimismo, por la previsión de un enorme porcentaje de denegaciones. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, en 2016 se resolvieron favorablemente 65 casos y, en cambio, se denegó la protección internacional a 355 personas (esto significa sólo un 15% de resoluciones favorables). La alarma es evidente cuando nos fijamos en el siguiente dato: a finales de 2016 había todavía más de 5.000 solicitudes de este país pendientes de resolución. Y, seguro, que hoy en día son muchísimas más. Si se mantiene la tendencia en las resoluciones, la situación puede ser dramática.
¿Qué impacto tiene la denegación?
La resolución a la solicitud de protección internacional normalmente llega a los dos años, cuando las familias «acogidas» ya tienen los hijos escolarizados, los adultos están trabajando, pagando su alquiler y sus impuestos. O sea, entramos en una gran contradicción: durante el tiempo que tarda en resolverse la solicitud de protección, los apoyamos para que puedan crear un vínculo con la sociedad de acogida y puedan alcanzar la autonomía necesaria para vivir como ciudadanos de pleno derecho. Al recibir la denegación, todo este proceso habrá sido en vano: se convierten en personas en situación irregular, las invitamos a marchar de nuestro país, pierden el trabajo, y por tanto los sacamos cualquier oportunidad de vivir dignamente.
Ante esto, ¿qué podemos hacer la ciudadanía?
De entrada, seguir movilizándonos para reclamar cambios en las administraciones públicas, tanto en el número de personas acogidas, como en las condiciones con las que acogemos. Podemos, también, apoyar a las entidades que trabajan en este ámbito sea como voluntarios o bien haciendo donativos. Pero más allá de esto, en nuestro día a día, especialmente en los casos de personas que son responsables de una empresa o bien son propietarios de un piso, podemos tener un cambio de actitud, dejar de lado los prejuicios y facilitar el acceso al trabajo y la vivienda de las personas, que son las dos grandes dificultades con que se encuentran las personas solicitantes de protección internacional en su proceso mientras esperan la resolución.
Teniendo en cuenta esto … ¿Qué queremos decir cuando decimos que somos tierra de acogida?
Me gustaría sentir que realmente somos una ciudad / comunidad / país acogedor. Pero para ello tenemos que hacerlo entre todos y todas. Desde el gobierno central para facilitar un programa más adaptado a las personas, desde el gobierno autonómico para promover la implicación de todos los agentes de territorio, y desde la misma ciudadanía para continuar movilizándonos y haciendo presión política, permitir y facilitar que los solicitantes de protección internacional puedan acceder a una vivienda y trabajo dignos, se sientan vecinos y vecinas, se sientan que son bienvenidos y bienvenidas, se sientan que son parte de nosotros.
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